¡Qué pare la desidia con el estudiantado Surcolombiano!

 ¡Qué pare la desidia con el estudiantado Surcolombiano!

Paula Andrea Sánchez Castañeda

El diario LA NACIÓN publicó “40% de estudiantes de la USCO, en riesgo de deserción”, en una entrevista al rector en encargo de la Universidad Sucolombiana, Edwin Alirio Trujillo Cerquera; en la cual él da un preocupante panorama para los estudiantes y sus familias, en razón a la crisis generada por la pandemia mundial del COVID-19, lo cual ha dejado al desnudo la desidia histórica de las administraciones de la USCO para con sus estudiantes.

Y es que resulta muy paradójico que hoy una de las preocupaciones sea que la universidad pierda el 40% de su estamento estudiantil, cuando la universidad lleva años dejando en el abandono y expulsando estudiantes sin importa sus proyectos de vida, ni el de sus familias, y peor aún, desconociendo la normativa de la propia universidad o aplicando de forma selectiva los diferentes acuerdos, vulnerando sistemáticamente los derechos del estudiantado.

Lo anterior lo planteo fundamentada en un ejercicio investigativo que inicié cuando fungía como secretaria de derechos humanos y cultura de la junta directiva del Consejo Superior Estudiantil C.S.E y que hoy continúo desde la Federación de Estudiantes Universitarios, en donde he indagado sobre la aplicación e implementación de los acuerdos que atañen al bienestar, la permanencia y la graduación del estudiantado.

En esta oportunidad hablaré especialmente de los acuerdos 046 de 2012 y el 042 de 2013, el primero de ellos establecen las causas de pérdida del cupo en el programa académico (entre otros) y el segundo mediante el cual se expide la política de fomento a la permanencia y graduación.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 046 de 2012 hasta el primer semestre del 2014 habían perdido su cupo académico 1.471 estudiantes en donde el Consejo Académico ubicó 7 causas principales de pérdida de cupo que van desde la Adquisición de responsabilidades familiares tempranas hasta  la Ausencia de acompañamiento pedagógico de Consejería Académica.

Esto sumado a la expedición del acuerdo 042 de 2013 para el fomento de la permanecía y graduación, son los argumentos principales para proferir una amnistía en el segundo semestre de 2014 a los estudiantes que quisieran recuperar su cupo académico y al regresar a la universidad lo hicieran contemplando el nuevo acuerdo, con sus diferentes mecanismo y garantías que se supondría esta iba a brindar.

Y digo supondría, teniendo en cuenta que según la respuesta dada a un derecho de petición  por el consejo académico de la USCO fechado el 8 de marzo de 2019 cerca de 2.128 estudiantes habían perdido su cupo académico en los diferentes programas posterior a la amnistía y por ende posterior a la entrada en vigencia del acuerdo 042 de 2013, lo cual debió disminuir la cantidad de estudiantes que perdiesen el cupo, pero esto evidentemente no pasó.

Y no pasó no porque “los estudiantes son vagos” como dicen algunos profesores, al mejor estilo de María Fernanda Cabal. Todo lo contrario, lo que ha sucedido es que ni profesores, ni las administraciones -que en su mayoría las componen los docentes-, han mostrado un mínimo interés por implementar el acuerdo 042 de 2013, que contempla 14 programas para el fomento de la permanencia y graduación estudiantil, los cuales se deberían articular en los comités de facultad de fomento a la permanencia y graduación, que hoy 7 años después de expedido el acuerdo no existen, como no existen muchos otros apartados de este acuerdo, vulnerando claramente el derecho a la educación en cuanto a las obligaciones correlativas, siendo estas según la corte constitucional en sentencia T-186/93 “condiciones indispensables para el goce efectivo del derecho a la educación”.

Por si fuera poco, en mi ejercicio como secretaria de derechos humanos y cultura conocí muchos casos en los cuales presuntamente se configuraban persecución académica, política e incluso sexual por parte de algunos profesores o instancias administrativas como jefaturas de programa y decanaturas, etc., elementos difíciles de probar para un(a) estudiante.

Además, en el mismo derecho de petición mencionado anteriormente, decidí solicitar cuál era el número de estudiantes a los cuales luego de perder el cupo y tener más del 70% de los créditos aprobados apelaron la decisión, suscribieron plan de mejoramiento y acta de compromiso, lo incumplieron  y nuevamente les suscribieron otro nuevo, siendo 277 estudiantes a la fecha del derecho de petición.

Esta respuesta siembra en mí dudas, pues conocí estudiantes en igualdad de condiciones a quienes se les negó la posibilidad de suscribir un nuevo plan de mejoramiento. Resulta, que por ningún lado está regulado a quién sí y a quién no se le da la oportunidad de suscribir nuevo plan de mejoramiento y acta de compromiso luego de reincidir en las causales de pérdida de cupo producto de lo que en Derecho llaman “vacío jurídico”.

Por otro lado, están los casos de estudiantes que les suscribieron un nuevo plan de mejoramiento y acta de compromiso teniendo un puntaje calificado a 3.0 y reincidiendo en las mismas causales; mientras otros que contaban con puntaje calificado superior a 3.0 y no reincidían en las causales eran expulsados por “no cumplir el plan de mejoramiento”; pero estos son solo algunos ejemplos de las múltiples incinsistencias en la aplicación de la norma dejando en evidencia la desigualdad.

Incluso, si se quisiera ser más suspicaz se podría pensar que este vacío normativo es utilizado para castigar a ciertos estudiantes ya sea por sus opiniones políticas, por haber radicado alguna queja a algún docente y/o simplemente no haber accedido a solicitudes de tipo sexual, que como reitero, son situaciones que conocí en mi ejercicio de consejería en la secretaría de derechos humanos y cultura del C.S.E.

Para finalizar, considero que con las declaraciones dadas por el rector Trujillo Cerquera, en las cuales no solo afirma que el 40% de los estudiantes podría desertar, sino que brinda datos adicionales como: los estudiantes de los estratos 1 y 2 representa el 80% del total del estamento estudiantil y que el 30% de los estudiantes no cuentan con acceso a internet, sumado a los últimos escándalos en medio de la puja por el poder político del claustro y la poca credibilidad en las diferentes instancias de la universidad como los consejos de facultad, el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario, configuraría la peor crisis en la historia de nuestra alma mater.

Por tal motivo mediante esta reflexión hago un llamado al nuevo rector encargado Edwin Alirio Trujillo Cerquera, quien también fue estudiante de la Universidad Surcolombiana, a que en medio de esta crisis ponga su mirada  y trabajo en los estudiantes, y para ello solo se necesita voluntad para articular la estructura administrativa en clave de acatar e implementar lo que está en la normativa de la USCO como el acuerdo 042 de 2013 adaptandolos a las circunstancias actuales.

Además, buscar un nuevo proceso de amnistía articulado a la gestión que se está realizando ante Gobernación y Alcaldías municipales para financiar las matriculas de las y los estudiantes de pregrado y que ayude a menguar la crisis venidera por la deserción y a su vez permita a la institución reivindicarse, tras años de decidía institucional, frente a los temas que atañen a los estudiantes y sus derechos.

Paula Andrea Sánchez Castañeda
Estudiante de Licenciatura en ciencias naturales: física, química y biología de la Universidad Surcolombiana.
Responsable política de la Federación de Estudiantes Universitarios en el Huila y miembro de su colectivo de estudio de Pensamiento Latinoamericano.
Integrante del Semillero de Investigación Mamakiwe de la Universidad Surcolombiana.
Ex Representantre ante el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Surcolombiana en la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura.

Bibliografía:

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