El complejo panorama de la paz de Colombia según el último informe de la OEA

 El complejo panorama de la paz de Colombia según el último informe de la OEA

El vigésimo octavo informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), ha mostrado la complejidad del posacuerdo en Colombia.

Florencia

Para la MAPP/OEA, en la implementación del Acuerdo de Paz hay “avances significativos y oportunidades para alcanzarla de forma amplia y definitiva”. Parten del hecho de que construir la paz no es una tarea sencilla, “sino un proceso complejo, multidimensional y de largo aliento que encierra enormes retos y dificultades”. En este sentido, han construido un panorama general de las situaciones que preocupan en cuanto a la implementación de lo acordado en La Habana (Cuba): incumplimientos, conflictividad social, amenazas, homicidios, reagrupamiento de actores armados ilegales, entre otras problemáticas, oscurecen la búsqueda de la paz para Colombia.

Fortalecer la democracia

Lo primero que plantea la Misión de la OEA es que el Estado colombiano tiene una gran oportunidad de fortalecer la democracia en el país.

“Es consustancial a un contexto de construcción de paz e implementación de acuerdos, el incremento de demandas sociales hacia el Estado y que muchas de ellas se expresen en términos de conflictos, abriendo camino al debate ciudadano, la democracia participativa y las diversas formas de visibilizar las problemáticas sociales”, afirman en el informe.

Sin embargo, la mención sugiere la ausencia en Colombia de “mecanismos de atención y transformación de conflictos sociales a todo nivel”.

Reagrupamiento de actores armados ilegales

La Misión de la OEA alerta en el informe sobre el recrudecimiento de prácticas tales como amenazas, secuestros, retenciones y homicidios en contra de candidatos y candidatas de distintas vertientes políticas, fundadas no justamente en lo político o ideológico.

“Según la percepción identificada en los territorios, respondieron a las posiciones que candidatos y candidatas asumieron frente a temas que podían afectar directamente las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal”.

Disputa entre grupos

En ese proceso de reagrupamiento, advierte la MAPP/OEA, ha habido enfrentamientos entre grupos armados, por ejemplo, en el caso de “las disidencias de las FARC-EP (que) se perciben como grupos fragmentados que no responden a una única estructura jerárquica y su presencia y accionar varía de acuerdo con cada territorio”.

Las regiones más afectadas por estas dinámicas, son: zonas como la región del San Juan en el departamento del Chocó, el Sur del Cauca y la cordillera nariñense.

“Se constatan disputas entre estos grupos y el ELN, generando confinamientos y desplazamientos masivos de población civil”.

Según el informe, en el departamento de Putumayo, “se identifica una dinámica similar producto de enfrentamientos entre grupos disidentes, provocando confinamientos en el corredor de Piñuña Blanco en el municipio de Puerto Asís y desplazamientos forzados en zonas rurales de San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, principalmente”.

También en el Caquetá los grupos disidentes han generado afectaciones a los pobladores de la región.

Junto con Guaviare y Meta, en el Caquetá aumentaron las extorsiones, secuestros con fines extorsivos, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, control social y la vinculación y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. En el informe se advierte, sin embargo, de una mayor hostilidad de los grupos disidentes contra la población del Guaviare, “sobre el sector del río Guayabero”.

La Misión advierte de que, en el Caquetá “otros” grupos continúan reclutando menores de edad, sobre todo en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello.

“El tipo de vinculación y el reclutamiento forzado varía según la edad, el género y la procedencia de las víctimas. En el caso de los varones, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. Mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros NNA, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género”, precisa el informe.

Asimismo, revela que en las comunidades étnicas hay reclutamiento de menores de edad.

“Se percibe que NNA son reclutados para aprovechar su conocimiento del territorio y en algunos casos son empleados como anillos de seguridad y escoltas de comandantes, dejándolos en un especial escenario de riesgo y vulnerabilidad ante posibles operativos de la Fuerza Pública”.

Desminado humanitario

Sobre el proceso de desminado humanitario, la Misión de la OEA dio a conocer que en San Vicente del Caguán y Milán en el departamento de Caquetá, y en Buenos Aires en el departamento del Cauca, “operadores de desminado humanitario suspendieron o modificaron sus operaciones por la amenaza de grupos disidentes de las FARC-EP”.

Violencia contra líderes de Sustitución

Otro de los temas preocupantes tiene que ver con la violencia que los actores armados están perpetrando en contra de los líderes y de campesinos que se acogieron a procesos de sustitución del cultivo de coca, entre otros líderes sociales.

Amenazas, hostigamientos, estigmatización, hasta desplazamientos forzados y homicidios, según la MAPP/OEA, hacen parte de las violencias que ejercen estos grupos armados.

“En su mayoría, el perfil de las víctimas corresponde con líderes y lideresas comunales, autoridades y comunidades indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, víctimas del conflicto armado y promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que asumen un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización en sus comunidades. Los ataques identificados se concentran en departamentos como Meta, Guaviare, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Caquetá”.

También en el informe se da a conocer la vulnerabilidad que tienen los dirigentes comunales, principalmente en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

La resiembra

Los incumplimientos del Estado en el marco del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, han llevado a miles de campesinos a considerar la opción de la resiembra. En este sentido, el informe considera que este es un escenario de riesgo para las comunidades.

“El mayor escenario de riesgo para la población beneficiaria del PNIS se presenta en territorios donde se perciben posibilidades de resiembra de cultivos ilícitos o interés de grupos armados ilegales por establecer nuevos corredores de movilidad, además de mantener los vigentes. Las afectaciones se concentran en zonas como Tumaco (Nariño); Puerto Caicedo, San Miguel y Puerto Asís (Putumayo); Ituango y Tarazá (Antioquia); El Tambo, Corinto y Miranda (Cauca), Puerto Rico (Meta); El Paujil y Cartagena del Chairá (Caquetá); y Tibú (Norte de Santander), siendo las más recurrentes los homicidios, las amenazas y los desplazamientos forzados”.

Justicia de facto

El sur de Colombia es una de las regiones en las cuales se está manifestando la imposición de justicias de facto y lógicas de control de grupos armados sobre los pobladores.

En la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, el Bajo Cauca antioqueño, el sur del departamento de Córdoba y los departamentos de Caquetá, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, se están concentrando la mayoría de las imposiciones asociadas a la justicia de facto. Se encuentran el delito de la extorsión, los trámites de conflictos comunales, la distribución de normas de convivencia donde se definen las normas y prohibiciones que deben cumplir las comunidades y la solicitud de dinero como forma de financiación del grupo armado, conocido también como “impuesto de guerra”, entre otros.

En el Caquetá esto ocurre en municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y La Montañita.

Enlace para descargar el informe

https://drive.google.com/file/d/1nEmO3_XUPPQwln-9isXnjhLAB0mdtrnr/view?usp=sharing

Persiste el cultivo de la coca

Entre varios aspectos e invitaciones al Estado, el informe también hace énfasis en que a pesar de las cifras que ha mostrado el PNIS, persiste el cultivo de la hoja de coca en varias regiones, entre las cuales se incluye al Caquetá y Putumayo.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha atendido a 99.097 familias y 5.701 gestores comunitarios, que han representado una reducción de 35.996 hectáreas de coca.

Informe de la MAPP/OEA

“Considerando la magnitud del fenómeno, a pesar de los esfuerzos desarrollados, preocupa la persistencia del cultivo de hoja de coca como la principal fuente de sustento y motor de la economía en varios municipios de departamentos como Caquetá, Cauca, Guaviare, Meta y de regiones como Catatumbo, Sur de Bolívar, la Cordillera Occidental y la Costa Pacífica nariñense, así como en áreas protegidas y declaradas como Parques Nacionales Naturales. Entre las múltiples causas asociadas a este fenómeno, los cultivos ilícitos siguen presentando ventajas en materia de comercialización y entrega de réditos por encima de otros productos de carácter lícito. Igualmente, los grupos armados ilegales continúan incentivando o presionando a la población para que sostenga las plantaciones de coca, garantizando el precio en las subregiones de Bajo Cauca, Sur de Córdoba, la Bota Caucana y los departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo”.

La Misión de la OEA ha considerado, en medio de toda la problemática descrita, que es relevante “armonizar las prioridades de las comunidades y las del Estado frente a la implementación”.

Por tal motivo, invitaron a las instituciones a que adopten medidas que “articulen las acciones de doble vía de modo que permitan atender las necesidades de los más vulnerables, fortaleciendo sus capacidades y autonomía”.

Oscar Javier Neira

Oscar Javier Neira

http://www.recsur.com.co

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