Amazonia: la guerra que no claudica y la sombra del narcotráfico

 Amazonia: la guerra que no claudica y la sombra del narcotráfico

Asesinatos, amenazas, desplazamientos, son la realidad para las comunidades indígenas, afrodescentientes y colonas de la región andinoamazónica colombiana. Putumayo, Caquetá y el Piedemonte Caucano se enfrentan diariamente a la zozobra de un conflicto que se agudiza, ante la mirada pasiva de las autoridades y el avance del narcotráfico. Todo esto en tiempos de pandemia.

Por: Ginna Tatiana Piragauta., Oscar Javier Neira, Luis Fernando Gómez

ESPECIAL / RECSUR

PRIMERA PARTE

Putumayo: guerra entre excompañeros y surgimiento de estructura neoparamilitar

Las macabras acciones de sangre que bañan de nuevo al Putumayo son atribuídas por las autoridades a disputas territoriales de organizaciones residuales ilegales, por el tráfico de las rutas de la coca en la región.

Sin embargo, según los relatos directos de las comunidades afectadas y del trabajo realizado por organizaciones sociales en el territorio como la Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la responsabilidad de los asesinatos selectivos contra líderes sociales y excombatientes, y las masacres de los campesinos son actos de guerra de la estructura neoparamilitar llamada ‘La Mafia’, que ejerce un control territorial sangriento en contra del ‘Frente Carolina Ramírez’, de las Farc-Ep.

El ‘Frente Carolina Ramírez’ es una estructura guerrillera que se proclama de nuevo como insurgencia de las Farc-Ep, obedece a la estructura del ‘Frente Primero’, quienes a su vez fueron los pioneros en apartarse del proceso de paz entre el gobierno y la entonces organización insurgente Farc. En los últimos meses se han extendido por regiones importantes del Putumayo, especialmente en el bajo Putumayo.

Comunicado del frente Carolina Ramírez, desde las selvas del Putumayo

#Atención || Mediante comunicado a la opinión pública, el frente Carolina Ramírez de las FARC EP, denunció que la banda narcoparamilitar conocida como Sinaloas, en alianza con sectores estatales y con antiguos cabecillas de los extintos frentes 48, 49 y 32, son los responsables de las amenazas y asesinatos contra dirigentes sociales en el #Putumayo.

Posted by RecSur Colombia on Saturday, April 11, 2020

‘La Mafia’, según líderes sociales de la región que piden el anonimato, hoy es una estructura neoparamilitar conformada en su mayoría por ex integrantes del Frente 48 de las extintas Farc. Dicha estructura, según informes policiales, estaría al mando de Luis Gustavo Cuéllar Pajoy, conocido como ‘Manuel Político’, quien durante el proceso de reincorporación estuvo a cargo del espacio territorial Eiler Mosquera, en vereda La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo), en la frontera con Ecuador. En esa zona, según registros oficiales, hubo más de 200 excombatientes antes de que se declararan en disidencia.

‘Manuel político’

Luego del fallido proceso de reincorporación en el territorio, ‘La Mafia’ ha logrado construir en una alianza inédita con los hombres y mujeres de estructuras paramilitares y narcotraficantes como el ‘Cartel de Sinaloa’, ‘Los Escorpiones’, ‘Los Cobra’ y la ‘Constru’. Los testimonios aseguran que tienen el control territorial y se movilizan con total tranquilidad por las vías de Villa Garzón, el corredor Puerto Vega Teteye, en donde está asentado el espacio territorial ‘La Carmelita’; Puerto Asís, Orito, San Miguel – La Hormiga, toda la frontera con el Ecuador, y en el mismo territorio ecuatoriano. Sus líderes serían excomandantes del Bloque Sur de las extintas Farc-Ep, quienes están controlando a sangre y fuego la producción y la comercialización de la pasta base de coca.

Luego del fallido proceso de reincorporación en el territorio, ‘La Mafia’ ha logrado construir en una alianza inedita con los hombres y mujeres de estructuras paramilitares y narcotraficantes como el ‘Cartel de Sinaloa’, ‘Los Escorpiones’, ‘Los Cobra’ y la ‘Constru’.

Muerte y desolación

El conteo de muertes en el Putumayo empieza a ser el pan de cada día. Algunos habitantes de Puerto Asís, y quienes conocen la importancia de hablar en voz muy baja de esta situación; relacionan todo lo que hoy se vive con las incursiones paramilitares que vivieron hace muchos años, a finales de los 90 y en los primeros del 2000.

Los asesinatos selectivos, las amenazas y los desplazamientos son hoy, una cotidianidad. Si una persona es cercana o le ha hecho un favor al ‘Frente Carolina Ramírez’, con toda la severidad esa persona es perseguida por ‘La Mafia’. “La pena es la muerte”, aseguran lideres del bajo Putumayo, quienes manifiestan que son mucho más los muertos, pero que no todos se conocen. “Muchos son enterrados por los familiares en silencio. Nadie dice nada, especialmente en el sector rural”, manifiestan.

Y de nuevo, las autoridades miran hacia otro lado. Los actores armados que recorren el territorio en motocicletas de alto cilindraje o en camionetas de vidrios oscuros y algunas blindadas, ejercen con total impunidad controles y retenes armados, restricción a la movilidad e imposición de normas sociales. Son los mismos que reciben un salario mensual que oscila entre los dos millones y dos millones y medio de pesos, y que hace pocos días advirtieron que asesinarían a cualquier persona contagiada, o sospechosa de contagio, del Covid-19.

Las localidades amazónicas del Putumayo quedan en medio de la guerra.

La estela de muerte se extiende desde hace algunos meses en el territorio. En los tres primeros meses del año la Red de Derechos Humanos registró el asesinato de 30 personas, 18 de ellas eran líderes sociales. La primera fue Gloria Ocampo, asesinada el pasado 6 de enero en la vereda La Estrella de Puerto Guzmán. El último fue Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo, en Puerto Asís. Marco era un histórico líder social de la región, defensor de la sustitución voluntaria de los cultivos ilicítos en el territorio.

Gloria Ocampo
Marco Rivadeneira

Esta semana se conocieron las amenazas contra importantes líderes campesinos del Putumayo. El Diputado Yule Anzueta, la ex diputada y vocera de la Red de Derechos Humanos Yuri Quintero y Wimar Madroñero, fueron objeto de amenazas por parte de ´La Mafia’. Estos dirigentes, reconocidos en el territorio por la defensa e implementación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y de los acuerdos de paz, hoy están en inminente riesgo. Yuri Quintero es la única que no cuenta con un esquema de seguridad y es de los tres, la primera en desplazarse desde el corredor Puerto Vega – Teteyé, en donde vivía, hacia otro municipio putumayense.

Yule Anzueta, Yuri Quintero y Wilmar Madroñero, fueron amenazados de muerte en los ultimos días.

Asimismo, los asesinatos de campesinos también son una constante en la región. El dolor de la guerra sacude a las comunidades más humildes. Los hermanos Willian Ricardo Cuastuza de 28 años de edad, y Brayan Jesús Cuastuza de 22 años, fueron asesinados el domingo 22 de marzo, en el corregimiento de Siberia, municipio de Orito.

El pasado domingo 29 de marzo fue asesinado Mario Fernando Campaña, un campesino que había sido secuestrado desde el jueves 26 de marzo en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, (Ipiales – Nariño), cercano al municipio de Orito. La comunidad encontró su cuerpo en la vereda El Rosal del Valle del Guamuez. El caso de Mario es muy doloroso. Hacía nueve meses su esposa fue asesinada y a su padre lo desaparecieron desde hace un año y medio. En este caso no hay una sola investigación, ni justicia.

El lunes 30 de marzo, en la vereda Brisas del Honk Kong fueron asesinados tres ciudadanos venezolanos (una mujer y dos hombres) que pernoctaban cerca del río Putumayo, en la entrada a Puerto Asís. Allí, dias antes, a través de un panfleto se amenazó a toda la población venezolana que habita la región.

En los tres primeros meses del año la Red de Derechos Humanos registró el asesinato de 30 personas, 18 de ellas eran líderes sociales. La primera fue Gloria Ocampo, asesinada el pasado 6 de enero en la vereda La Estrella de Puerto Guzmán. El último fue a Marco Rivaidera, asesinado el 19 de marzo, en Puerto Asís.

Ese mismo día, encontraron el cuerpo sin vida de Juan Carlos Castillo, un excombatiente de las Farc-Ep de 29 años de edad afiliado a la Cooperativa del Pueblo Putumayense, en donde se agrupan algunos exguerrilleros de este departamento. Juan Carlos trabajaba en proyectos productivos agrícolas, distante al espacio territorial La Carmelita, a tan sólo cinco minutos. Las primeras versiones indican que habria sido asesinado en la vereda Santa Rosa y lo sepultaron cerca al espacio territorial.

Omar Eduardo Ramírez, de 29 años de edad, fue asesinado el pasado sábado 4 de abril, en horas de la tarde, sobre el río Picudo, a la altura de la comunidad de La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caicedo. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “hombres armados habrían estado esperando el paso del bote y en un paraje dispararon contra uno de sus ocupantes. Al parecer segundos después, constataron que habían asesinado a quién no correspondía”.

Mientras que a los líderes de la sustitución de cultivos son asesinados o amenazados, ‘La Mafia’ prohibió a las comunidades campesinas arrancar las matas de coca y darle continuidad al programa de sustitución, y, por el contrario, la están obligando a sembrar.

Lo que más inquieta a las comunidades es la pasividad con la que operan las autoridades frente a estos casos. En el territorio hace presencia la Policía Nacional y la Brigada de Selva número XXVII con 4.200 desplegados en el departamento, que parecieran ser incapaces de controlar la grave situación humanitaria y estar concentrados exclusivamente en la erradicación de cultivos ilicitos, aun en tiempos de pandemia. “¿Por qué se encuentran retenes del Ejército Nacional y a pocos metros transitan con total tranquilidad los de ‘La Mafia’? O trabajan juntos o les dan su mordida, pero a esa gente nadie la persigue”, manifiesta un campesino que prefiere no ser identificado.

‘Azul’, quien hace parte de las llamadas disidencias del frente 48 de las antiguas Farc.

Sin embargo, el pasado 10 de abril se conoció la captura de ‘Azul’, quien hace parte de las disidencias del llamado frente 48 de las Farc, agrupadas en ‘La Mafia’. Es considerado como jefe militar, por lo que lidera las acciones bélicas en la zona. En ese mismo frente delinquía su hermano, José Hermides Loaiza Quiñonez, de 26 años, quien fue encontrado muerto hace unos días, sobre aguas del río Putumayo.

La Fiscalía lo sindica del asesinato de 8 personas en Putumayo. Entre los crímenes que se le atribuyen están los de tres líderes sociales: Gloria Ocampo (el pasado 6 de enero), Gentil Hernández (el pasado 8 de enero) y Óscar Quintero, además de dos menores de edad y el asesinato de un exguerrillero en reincorporación, Oliver Piñeros, en hechos que ocurrieron el 11 de noviembre del 2019. Así, también lo sindica del desplazamiento forzado de varios líderes sociales y de sus familias, entre ellos: Arturo Tovar, Pedro Males Joaquín, Fernando González, Sorangie Muñoz, Angélica Suárez y Sixta Yles.

De acuerdo con el trabajo en campo efectuado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre cuatro y seis hombres de ‘La Mafia’, están imponiendo su control con rondas en motocicletas de alto cilindraje, impidiendo el tránsito de personas entre Ecuador y Colombia por prevención COVID19. “Según algunas fuentes este grupo estaría, liderado por Héctor Bastidas alias “Bonito”, hermano del narcotraficante Miguel Ángel Bastidas alias “Gargola”, señala el informe.

Mientras que los líderes de la sustitución de cultivos son asesinados o amenazados, ‘La Mafia’ prohibió a las comunidades campesinas arrancar las matas de coca y darle continuidad al programa de sustitución, y, por el contrario, la están obligando a sembrar. Tan dificil es la situación en algunos sectores rurales, que es ‘La Mafia’ la encargada de comprar directamente a los campesinos la pasta base. Está prohibida la comercialización independiente, so pena de muerte.

SEGUNDA PARTE

Caquetá y la baja bota caucana también bajo el acecho del narco

Piedemonte del Caquetá

La violencia que azota al Putumayo también afecta al Caquetá y a la baja Bota Caucana. Se trata de procesos que rebasan las fronteras departamentales, no sólo por los asuntos propios del transporte y comercialización de la pasta base, sino también por relaciones históricas y culturales. Por el sur del Caquetá, llegando hasta Piamonte (Cauca) y Puerto Limón (Putumayo), transita gran parte de la economía del Caquetá, diferente a la del centro del departamento y a la de la región del Caguán. Por eso, no es de extrañar que la violencia manifestada en el Putumayo, también afecte al Caquetá. Pero, la ‘traquetización’ de los exguerrilleros que pertenecían al frente 49, con influencia directa en el sur del Caquetá, estaría operando bajo lógicas que tienen como base de operaciones del narcotráfico a los territorios del Putumayo. Así, los despliegues de los grupos de exguerrilleros convertidos en neoparamilitares y narcotraficantes, llamados Sinaloas, para el caso del Caquetá están teniendo una perspectiva de tránsito y comercialización en los lugares en los que han podido establecerse como una suerte de supervisores del negocio.

En el Caquetá, sobre todo, también el fracaso de la política de sustitución integral de los cultivos de uso ilícito podría llevar a ciclos de violencia contra los dirigentes sociales que le sigan apostando a las salidas políticas del eterno conflicto rural incendiado por el narcotráfico.

De lo anterior dan cuenta testimonios de campesinos que habitan en localidades ubicadas en las confluencias de los tres departamentos. Bajo reserva, han relatado a Recsur cómo los Sinaloas los han reunido y les han pedido a los productores vender la pasta base a precios irrisorios, planteando un tipo de negocio para pactar un “precio justo”, que al final termina siendo una imposición que muchos de los vendedores rurales se aguantan.

El fracaso de la política de sustitución ha dejado a los campesinos entre la espada y la pared.

Después de la salida de las unidades guerrilleras del frente 49 del Caquetá, no ha habido un control armado exclusivo de esas zonas del sur, por lo cual, en las ausencias de los actores violentos que hoy se disputan el manejo de la parte narcotraficante de la actividad cocalera, los productores locales han podido comerciar con otras personas externas, a riesgo de ser blanco de las disidencias de las FARC y de los Sinaloas, que escalan sus presencias, cada uno desde lógicas diferentes.

En el Caquetá, sobre todo, también el fracaso de la política de sustitución integral de los cultivos de uso ilícito podría llevar a ciclos de violencia contra los dirigentes sociales que le sigan apostando a las salidas políticas del eterno conflicto rural incendiado por el narcotráfico.

Organizaciones promotoras de la paz en el sur del Caquetá, también amenazadas

La organización campesina del sur del Caquetá fue de las primeras en promover escenarios autónomos para apoyar la sustitución integral de los cultivos de uso ilícito. La primera agenda vinculante para una negociación entre los cocaleros y el gobierno nacional, en todo el departamento, se construyó el 15 de octubre de 2016, cuando los cocaleros de San José del Fragua definieron la ruta para la negociación con el gobierno nacional.

Para aquella época, las violencias asociadas a actores armados se remitían a bandas de delincuentes comunes, algunos de las cuales fueron ajusticiados por la misma comunidad. Las disidencias de las Farc, articuladas al frente primero, aún no han podido establecer plenamente en la región las lógicas que sí había impuesto el frente 49 de las FARC, en términos de control territorial y de normatividades comunitarias. Sobre el tema es difícil saber porque se trata del intento de establecimiento de un nuevo actor armado, el cual ha desplegado en la zona algunas actuaciones a la manera del frente 49, como por ejemplo la citación a reuniones o las pintas de mensajes alusivos a las FARC. Entre tanto, aún no se sabe quiénes fueron los autores del homicidio del dirigente social Raúl Buitrago el 29 de julio de 2018, promotor de la política de sustitución pactada en el Acuerdo de paz, dentro de su comunidad.

A 2019, la Asociación Portales del Fragua estaba conformada por 43 juntas de acción comunal, con un promedio de 465 asociados. A esta organización le ha correspondido asumir la promoción de los procesos de sustitución integral de los cultivos de coca en su región.

El dirigente social Edusmildo Ríos, describe la situación en sus territorios, de la siguiente manera:

“Nosotros vivimos atemorizados porque va a haber violencia pero no es por el tema del forcejeo, de la puja que el gobierno no me cumple, yo salgo y lo confronto, sino por otros actores que no sabemos qué son, si son disidencias de las FARC, o si son disidencias de los paramilitares. Se dice, no, es que el gobierno está incumpliendo, viene la erradicación forzada, vienen las fumigaciones, para que la gente diga yo aquí no tengo futuro, yo le vendo mi tierra al mejor postor y resulta que el mejor postor es alguien que no sabemos quién está comprando mucha tierra y barata porque para uno para irse a otro sitio vende a cualquier precio y eso va a quedar en manos de las multinacionales. El que se quede haciendo resistencia con todo eso que se ha descrito, lo van a matar para ellos quedar haciendo de manera libre por todo el terreno”, dijo.

El Caquetá está ahora bajo un nuevo escenario: las comunidades están expuestas en el terreno a la violencia estatal, paraestatal y antiestatal. A las organizaciones campesinas les ha tocado resolver sobre la coyuntura cuál va a ser su futuro, ya no sólo en medio del incumplimiento al Acuerdo de paz sino también en el resurgimiento de la violencia, lo que por un instante se creyó superado.

Por su parte, ASINTRACAMPIC, la organización campesina de Piamonte (Cauca), ha tenido que padecer de manera reiterada la violencia, al estar en medio del Putumayo y del Caquetá.

Maydany Salcedo.

Maydany Salcedo, presidente de ASINTRACAMPIC, una de las dirigentes sociales más amenazada del país, lo relata de la siguiente manera:

“Se inicia el trabajo en el año 2012 y en el 2013 se constituye legalmente, pero allá es más difícil el trabajo porque allá existen dos partes, la parte baja, que es donde hace trabajo la Farc, o hacía presencia. Y está la parte alta donde están los paramilitares. Piamonte está dividido y nosotros llegamos a la parte de abajo, la parte más crítica donde no hay vías no hay nada y nuestra organización era estigmatizada, nos decían que era de la guerrilla y eso nos costó la vida de dos compañeros, el arresto de dos, entre ellos Albeiro Calderón y un chico que no recuerdo el nombre, pero le decíamos Panadero. A uno lo mataron en Piamonte que él hacía parte de la juventud. Tenemos una compañera que fue víctima de la estigmatización, persecución y montaje que es la compañera Judith Marcela Suárez y nuestro compañero Libardo Pérez. Todo esto sucedió allí. Terminado los diálogos y constituido todo lo que tenía que hacerse en La Habana, la estigmatización bajó”.

Con la masacre de Hamilton Gasca Ortega y de sus dos hijos, más las amenazas en contra de su esposa María Arroyo, la violencia vuelve a tocar a ASINTRACAMPIC.

Cada vez es más claro el panorama: los narcos, conformados ahora por exguerrilleros de las Farc, exparas y agentes del Estado, están avanzando en el control del territorio para sus negocios. Disidentes de la entonces guerrilla Farc que volvieron a la lucha armada, también disputan por el territorio. Y el Estado despliega presencias contradictorias al Acuerdo de paz que preveía una salida integral al problema de las drogas ilícitas, el combustible de la violencia.

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